Reseña para la web del webinar (Parte III):
Métodos alternativos de resolución de conflictos en la sociedad digital y global del siglo XXI”
Durante estos días os hemos ido comentando:
Hoy avanzamos al punto:
Integración de las ADR en el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.
El tercero de los temas sobre los que los ponentes expresaron su opinión fue “Integración de las ADR en el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia”.
El Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia (el “Anteproyecto”) vio la luz a finales de 2020 y mediante él se pretende dar respuesta a los desafíos surgidos como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
El Anteproyecto gira en torno a tres ejes y el primero de ellos es del de los medios adecuados de solución de controversias debido al previsible incremento de la litigiosidad, como resultado de la pandemia y la declaración del estado de alarma.
El Anteproyecto regula la implantación de los MASC o ADR en los asuntos civiles y mercantiles, sin perjuicio de que en el futuro puedan extenderse a otros ámbitos y, en este sentido, son varios los medios que se contemplan: (i) la actividad negocial; (ii) la conciliación privada; (iii) la oferta vinculante confidencial; (iv) la opinión del experto independiente; (v) la mediación; y (vi) cualquier otro procedimiento previsto por la legislación especial (por ejemplo, en materia de consumo).
Para potenciar su utilización, el Anteproyecto establece que junto con la demanda se deberá acompañar un documento que acredite que se ha intentado solucionar el conflicto antes de acudir a la vía judicial.
En la actualidad, según Helena Soleto, el Anteproyecto se ha visto modificado en varias ocasiones desde su redacción inicial y hay voluntad de que salga adelante, aunque se desconoce la fecha exacta.
